El empresario internacionaliza el conflicto y señala hostigamiento político; el caso arrastra una deuda millonaria con el fisco.
El conflicto entre Ricardo Salinas Pliego y el gobierno federal dejó de ser solo un expediente fiscal: ahora también es un asunto político con ruta internacional. El empresario llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aseguró que enfrenta una supuesta “persecución política” ligada a auditorías y acciones institucionales.
La disputa se sostiene en un adeudo fiscal acumulado durante años y que, según reportes periodísticos recientes, ronda los 51 mil millones de pesos. La parte central del pleito no es nueva; lo nuevo es el intento de convertirlo en un litigio internacional.
Claves del caso
- Salinas Pliego presentó una denuncia ante la CIDH, en Washington.
- El empresario afirma que existe hostigamiento fiscal y administrativo con motivación política.
- El gobierno sostiene el cobro de una deuda fiscal que, según versiones públicas, se remonta a litigios de larga data.
- Especialistas citados por prensa señalan que estos procesos suelen tardar años y rara vez avanzan por temas estrictamente fiscales.
Por qué esto importa
El caso no es solo “empresario contra SAT”. Es poder económico, narrativa mediática y disputa institucional. Cuando un conflicto fiscal se traslada a un terreno de derechos humanos, lo que se pone en juego es el discurso público: si se trata de una obligación tributaria o de un choque político.
Y ese encuadre puede convertirse en una herramienta: para presionar, negociar o reescribir el conflicto.
Qué sigue?
En el corto plazo, la denuncia no cambia el fondo del adeudo. La CIDH puede tardar en admitir o desechar el caso, y si avanzara, el proceso también sería largo. Mientras tanto, el gobierno mantiene el cobro en la ruta nacional y el pleito seguirá ocurriendo en dos frentes: tribunales y opinión pública.
