Salinas Pliego llevó a la CIDH su disputa con el gobierno federal, alegando persecución política vinculada a acciones fiscales y administrativas, en el marco de un adeudo millonario con el SAT.
Es un episodio típico de esta etapa: grandes actores económicos buscando disputar no solo la sentencia, sino el relato. El conflicto fiscal se convierte en un pleito político cuando la figura pública intenta blindarse con el lenguaje de derechos y libertad de expresión.
La denuncia internacional es un movimiento de presión y posicionamiento. Puede servir como altavoz, aunque no necesariamente cambie el fondo legal. Y si el Estado no explica con claridad qué cobra y por qué, deja un hueco que se llena con propaganda.
También cabe una lectura inversa: la vía internacional podría ser un último recurso cuando el margen en tribunales nacionales se reduce. Y el riesgo es que el debate se polarice: “si cobras impuestos eres represor; si no cobras, eres cómplice”. Esa trampa beneficia a los extremos.
Convertir un pleito fiscal en causa histórica es un clásico: cuando la factura llega, de pronto todos son disidentes.
